Gobierno del Estado de Mèxico Obligado a Pagar más de 59 Millones

23 de Enero 2011
Por: Arturo Hernàndez

Gobierno del Edomèx Obligado a Pagar más de 59 Millones
Construyó Terminal del Mexibùs en Predio Ajeno
Invasores lo Bailaron con 17 Millones y Desaparecieron

Ecatepec.-El Gobierno del Estado de México deberá pagar más de 59 millones 500 mil pesos por el predio que ocupa la estación Valle de Ecatepec del Mexibùs, según sentencia del Juzgado Tercero de Distrito del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, que después de siete años resolvió a favor de Martha Pérez Reyes, el litigio que interpuso para recuperar o se le pagara el valor de ocho mil 500 metros cuadrados del predio ubicado en la Colonia Potrero Chico, de esta localidad.
El predio fue ocupado de manera ilegal por la Secretaría de Comunicaciones para construir la estación Valle de Ecatepec del Mexibùs, informó Vicente Palomino Quintero, representante legal de la demandante, quien demostró la propiedad con documentales y una escritura firmada por el ex Presidente de la República Lázaro Cárdenas.
La suma de errores cometidos por parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones de la entidad, y la mala defensa de los abogados del gobierno estatal determinaron la condena a pagar más de 59 millones, cantidad que podría ser superada una ves evaluado el costo de la terminal Ecatepec, que también deberá ser pagada a Martha Pérez.
Palomino Quintero, acompañado de Rubén Montalvo, hijo de la afectada, narró que todo empezó desde que el director de Transporte de Alta Capacidad de la Secretaría de Comunicaciones, Pablo Suárez Coello, suscribió “contratos de desocupación” con un grupo de personas que ocupaban el predio de 8 mil 500 metros cuadrados, quienes tras recibir un pago global de 17 millones de pesos abandonaron el paraje donde se construyó dicha terminal.
Explicó que las personas a quienes el Gobierno del Estado pagó no eran propietarios del terreno sino invasores demandados por la señora Marta Pérez.
Palomino Quintero, dijo que los abogados del gobierno estatal no lograron demostrar la compra de los lotes e, inclusive, el “contrato de desocupación” suscrito por Pablo Suárez no existe en el Código de Procedimientos Civiles, por lo que se quedó probada la irregularidad en la compra de las tierras.
Durante el 2010 el Gobierno del Estado interpuso un juicio de amparo en contra de la resolución del Juzgado Tercero. Sin embargo, el Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Naucalpan ratificó la sentencia y Cuarto Tribunal Colegiado del Segundo Distrito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) confirmaron la sentencia.